Se aprueba un Real Decreto para avanzar en derechos de las personas LGTBI
El pasado 9 de octubre de 2024 se publicó el Real Decreto 1026/2024, que representa un hito en la promoción de la igualdad y no discriminación hacia las personas LGTBI en el ámbito laboral. Esta normativa desarrolla las medidas contempladas y descritas en la Ley 4/2023, estableciendo para las empresas de más de cincuenta personas trabajadoras una serie de obligaciones específicas con la finalidad de garantizar que los entornos laborales sean inclusivos y libres de discriminación. Estas medidas deben negociarse e incorporarse en los convenios colectivos o acuerdos de empresa en un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la norma, y definen un contenido mínimo de las medidas.
Aspectos claves de los Planes LGTBI
Las medidas negociadas en los Planes LGTBI deben tener en cuenta los siguientes puntos:
- Igualdad de trato y no discriminación: se fomentará un entorno laboral inclusivo y se eliminará cualquier forma de discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género.
- Acceso al empleo: se asegurará que los procesos de selección sean objetivos, para garantizar la igualdad de oportunidades para las personas LGTBI.
- Promoción profesional: se establecerán criterios claros y basados en méritos para el desarrollo profesional.
- Formación y sensibilización: las empresas deben incluir módulos formativos sobre derechos LGTBI y fomentar el uso de lenguaje inclusivo entre la plantilla.
- Beneficios sociales y permisos: también es importante garantizar que los beneficios y permisos sean accesibles para todas las configuraciones familiares.
- Entornos diversos y seguros: se promueve la diversidad en las plantillas y se exige la creación de protocolos contra el acoso hacia las personas LGTBI.
- Régimen disciplinario: las empresas deben incluir sanciones específicas para comportamientos que atenten contra la libertad sexual, orientación o identidad de género.
El protocolo contra el acoso hacia las personas LGTBI
Como se menciona en los dos últimos aspectos comentados, una de las disposiciones más relevantes es la obligatoriedad de contar con un protocolo para prevenir y actuar contra el acoso o la violencia hacia las personas LGTBI. Este protocolo debe aplicarse no solo al personal de la empresa, sino también a los proveedores, clientes y personas candidatas (en procesos de selección) que interactúen con la empresa. Además, el incumplimiento de estas obligaciones puede ser considerado una infracción grave y estará sancionado con multas que oscilan entre los 751 € y los 7.500 €.
En conclusión:
Este Real Decreto 1026/2024 supone un avance significativo hacia la igualdad en el ámbito laboral, promoviendo un entorno más inclusivo y respetuoso para todos. Las empresas no solo deben adaptarse a estas obligaciones para evitar sanciones, sino también para fomentar una cultura organizativa que valore la diversidad y garantice un ambiente laboral equitativo y seguro. La adaptación a esta normativa brinda a las empresas una oportunidad para liderar el cambio hacia una sociedad más justa y respetuosa con la diversidad.
