Una polémica que evidencia desigualdades judiciales estructurales
Ya han pasado unos días desde que se hizo viral la polémica sobre el trato del juez en el caso de Íñigo Errejón y Elisa Mouliaá. Este episodio, que ha generado un amplio debate social, no puede dejar nadie indiferente. Por un lado, vimos un trato injusto y denigrando hacia Elisa, donde su experiencia como presunta víctima no fue tratada con el respeto ni la sensibilidad que merecía. Por otro lado, el tono de complicidad y «colegueo» que el juez mostró hacia Íñigo, el presunto agresor, deja en evidencia una desigualdad preocupante en el trato judicial. Y ya ni hablamos del hecho que se hayan filtrado ilegalmente las declaraciones del juicio, un hecho que no solo vulnera los derechos fundamentales de las partes implicadas, sino que también alimenta el sensacionalismo y la desprotección de las víctimas.
Este tipo de situaciones no son un hecho aislado ni una simple casualidad.
Responden a un problema estructural, arraigado en el patriarcado y el machismo que todavía impregna muchos ámbitos de nuestra sociedad, incluido el sistema judicial.
Desgraciadamente, la imparcialidad que se espera de un juez o jueza no siempre se traduce en un trato justo para todas las partes, y la realidad es que muchas veces este sesgo perjudica las víctimas. Es importante recordar que la presunción de inocencia es un derecho fundamental que tenemos que garantizar. Esto es evidente. Las personas presuntamente agresoras tienen que ser tratados con respeto durante el proceso judicial. Pero, y las víctimas? Qué pasa con el respeto que también los debemos? No se trata de poner una parte por encima de la otra, sino de asegurar que ambas reciban un trato digno y respetuoso. Y, aun así, parece absurdo tener que subrayar que el trato hacia las víctimas acostumbra a ser más severo, cargado de prejuicios y, a menudo, revictimitzador.
La revictimización: un obstáculo para denunciar
Ya es bastante doloroso vivir una situación de abuso o violencia como para tener que pasar por un proceso judicial que, en vez de apoyar, hace sentir que tienen que justificar constantemente el que han sufrido. Las víctimas a menudo son cuestionadas por el que hicieron o dejar de hacer: porque no huyeron, porque no gritaron, porque no opusieron resistencia física… Cómo si existiera una “reacción correcta” ante una agresión. Ninguna reacción es menos válida que otra, y ninguno justifica poner en entredicho su testigo. Pero desgraciadamente no es así y esta revictimización es una de las principales razones por las cuales muchas víctimas deciden no denunciar, una decisión que a menudo también es objeto de crítica.
Pero, como pueden encontrar la fuerza para hacerlo si saben que, además de revivir el dolor, tendrán que afrontar el maltrato institucional, la presión mediática y una sociedad que demasiadas veces las cuestiona en lugar de protegerlas? Esta falta de apoyo no solo perpetúa el silencio, sino que también refuerza la impunidad.
Mitos que perpetúan la impunidad
También es necesario romper con algunos mitos que perpetúan la desigualdad. Según los datos, el porcentaje de denuncias falsas en casos de violencia sexual es extraordinariamente bajo, alrededor del 0,01% al 0,1%, muy por debajo otros tipos de delitos. A pesar de esto, todavía persiste esta falsa percepción social que criminaliza las víctimas y las hace sentir culpables por el simple hecho de denunciar. Otro mito es la idea que los presuntos agresores sexuales están desprotegidos o desamparados. La realidad, pero, es muy diferente. En el sistema judicial, a menudo disfrutan de más recursos, apoyo y un trato que tiende a darles el beneficio de la duda, incluso en situaciones donde hay pruebas contundentes en su contra.
Incluso después de ser juzgados culpables, muchos agresores sexuales pueden seguir disfrutando de sus vidas con relativa normalidad. Un ejemplo reciente son los empresarios de Murcia, condenados por agresiones sexuales, que cumplen penas bajas y mantienen su estatus de vida acomodada a pesar de las atrocidades cometidas. También el caso de Conor McGregor, reconocido luchador de artes marciales mixtas, que fue condenado por abuso sexual en un hotel en 2018. A pesar de la condena, McGregor ha continuado con su carrera y vida pública, manteniendo una presencia destacada en los medios de comunicación y en el mundo del deporte.
Estos casos evidencian como el sistema a menudo perpetúa privilegios incluso para aquellos que han sido señalados o condenados por actas de violencia, mientras que las víctimas continúan afrontando las consecuencias de los abusos sufridos.
La necesidad de una justicia con perspectiva de género
En este contexto, es fundamental que el sistema judicial incorpore formación en perspectiva de género. No podemos permitir que la respuesta a la violencia de género sea una lotería que dependa de si “te toca” un buen juez o una buena jueza o no. Hay que garantizar que los y las profesionales tengan las herramientas y la sensibilidad necesarias para tratar estos casos con el respeto y la responsabilidad que merecen.
El camino hacia una justicia realmente igualitaria es largo, pero es imprescindible. Las víctimas no pueden seguir siendo las grandes olvidadas en un sistema que, en teoría, tendría que protegerlas. Porque denunciar no tendría que ser una lucha titánica, sino un paso hacia la reparación y la justicia.
